(ESPECIAL) La crisis institucional de la SFP

Luego de exonerar a un personaje tan polémico como Bartlett, la SFP se encuentra en una encrucijada de defender a los allegados a la 4T o demostrarle al pueblo mexicano que pueden confiar en sus investigaciones.

La titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció este jueves que se encuentran investigando a profundidad el caso de corrupción supuestamente cometido en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) por diversos funcionarios.

Una de las investigadas es la medallista de plata en los juegos olímpicos de Atenas 2004, Ana Gabriela Guevara, que actualmente funge como directora de la comisión.

Pero… ¿Realmente están investigando a profundidad?

La administración de la actual SFP que empezó desde diciembre de 2018 se ha caracterizado por imponer unas rigurosas multas y sanciones tanto a funcionarios como a empresas relacionadas con los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero con los miembros de la actual administración morenista es complaciente, y en unos aspectos puntuales, totalmente parcial.

Carlos Lomelí

El ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, fue sujeto en 2019 a una investigación por parte de la SFP por sospechas de incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El 12 de julio Lomelí renunció al cargo de delegado en Jalisco de la Secretaría del Bienestar.

Irma Sandoval anunció el 13 de septiembre de ese año que dos empresas que son propiedad de Lomelí, Laboratorios Solfrán y Lomedic, quedaban inhabilitadas por dos años y seis meses así como imponer una multa de un millón 51 mil pesos.

Según documentos oficiales de la SFP: “Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona, que en ese momento se desempeñaba como diputado federal, era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Carlos Lomelí levantando su mano junto al presidente Andrés Manuel López Obrador

No obstante, Laboratorios Solfrán logró conseguir una suspensión definitiva a la inhabilitación. Esta le fue otorgada por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que permitió a la empresa de Lomelí finiquitar contratos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un monto total de 128.6 millones de pesos.

Esto pudo ser posible porque las adjudicaciones de los contratos se llevaron a cabo entre el 4 y 25 de septiembre; pero no solamente por eso sino que cuando la sala del Tribunal Federal avisó a la SFP de la suspensión que buscaba Lomelí, la secretaría desistió en presentar pruebas para preservar la inhabilitación de los laboratorios.

En pocas palabras, la SFP ‘se hizo wey’ cuando le avisaron que tanto Solfrán como Lomedic buscaban una suspensión a las sanciones. La indagación principal no sirvió de nada porque las empresas de Lomelí siguen haciendo negocio con el gobierno federal.

Esteban Moctezuma

Otro caso en el que la SFP se hizo de la vista gorda fue con la absorción de orquestas ‘filantrópicas’ de Fundación Azteca por parte de la Secretaria de Educación Pública (SEP), actualmente presidida por Esteban Moctezuma Barragán.

Uno de los mayores objetos de orgullo para el multimillonario burgués, Ricardo Salinas Pliego, eran sus Orquestas Infantiles y Juveniles de TV Azteca que manejaba el brazo caritativo de su grupo empresarial: Fundación Azteca.

Ahora ni siquiera le pertenecen. No fue hasta el año pasado que pasaron a ser parte de la SEP con la creación de la Dirección General de Coros y Orquestas bajo el nombre “Orquestas Nueva Escuela Mexicana”.

Desde marzo de 2019, Moctezuma comenzó a maquinar la transición de las orquestas de Fundación Azteca para implementarlas a la SEP. Empezó cuando determinó unilateralmente que las secretarías estatales de Educación Pública conformaran dos tipos de orquestas escolares.

Las tipo orquestas tipo “A” integradas por alumnos de las escuelas del Programa Tiempo Completo tanto de primaria y secundaria así como la ‘orquesta B’ que son aquellas que absorbieron de Azteca. Aparte el titular de la SEP creó una nueva filial de la secretaría: Dirección de Educación Musical y Orquestas Escolares.

Moctezuma Barragán puso a uno de sus confidentes al cargo, ya que nombró al exdirector de Administración y Finanzas de la Fundación Azteca, José Ricardo Cerrillo Reyna, como titular de la Dirección de Educación Musical.

Esteban Moctezuma y Ricardo Salinas Pliego en un evento de Fundación Azteca.

Gracias a una solicitud de información elaborada por Quinto Elemento Lab se cuestionaron los lineamientos pedagógicos de esa dirección así como los montos que les fueron adjudicados en el presupuesto 2019.

La secretaría contestó que Educación Musical y Orquestas Escolares “no está vinculada con la Dirección General de Desarrollo Curricular” y que en el presupuesto 2019 “no se encuentra el monto destinado a esa actividad”.

La SFP no hizo nada para investigar este claro conflicto de interés; es evidente porque Moctezuma trabajó durante 16 años como presidente ejecutivo de la Fundación Azteca de Salinas Pliego.

Una diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, presentó el tres de octubre del año pasado un punto de acuerdo para exhortar a la SFP a que investigara el caso de las orquestas. Hasta el momento no hay ninguna intención para investigar el caso por parte de la Función Pública.

Manuel Bartlett

El caso más sonado es sobre el político artífice de la frase “se cayó el sistema” durante las elecciones presidenciales de 1988. Manuel Bartlett, ex presidente de la Comisión Federal Electoral y ahora titular de la Comisión Federal de Electricidad se le acusaba de haber omitido 25 inmuebles y 12 empresas en su declaración patrimonial.

El escándalo surgió porque Bartlett no declaró varias propiedades que pertenecen a su ‘pareja’ Julia Elena Abdala Lemus así como de sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez. El precio aproximado de los inmuebles es de 800 millones de pesos.

La SFP prometió indagar a fondo el caso. Una vez finalizada la ‘investigación’ Irma Sandoval declaró que no existe obligación para que el servidor público declare la existencia de ese patrimonio, pues no están casados ni tampoco han vivido en concubinato, en referencia a Julia Elena Abdala.

Manuel Bartlett y su ‘pareja’, Julia Abdala Lemus.

Aunque sea la mujer con quien Bartlett ha ido a eventos familiares, viajes de placer o incluso ponencias oficiales…

Y de los hijos de Bartlett mencionó que “se trata de personas mayores de edad que no son dependientes económicos y, por tanto, tampoco existe la obligación legal para el servidor público de dar cuenta de ese patrimonio”.

En otras palabras la SFP exoneró a Bartlett de cualquier cosa que haya sucedido antes del primero de diciembre del 2018 así como de cualquier futuro conflicto de interés con sus empresas.

Parece que ser el ejecutor de la ley se ha hecho sinónimo de hacerse la vista gorda y no tener rigor en sus investigaciones…

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